La condena impuesta recientemente a Manuel Ranoque por los delitos de acceso carnal violento agravado y actos sexuales con menor de 14 años, cometidos en el marco de una relación de custodia y convivencia familiar con una menor indígena, ha reabierto un debate necesario en Colombia sobre la eficacia del derecho penal en contextos de alta vulnerabilidad estructural.

Más allá del componente mediático que rodeó el caso por el trágico accidente aéreo que sobrevivieron los hermanos Mucutuy, este proceso penal encierra complejidades jurídicas que ameritan un análisis detallado: desde la calificación del tipo penal, pasando por los agravantes, hasta el abordaje judicial en contextos de diversidad étnica y cultural.

Marco normativo: protección reforzada a menores en el Código Penal colombiano

El delito de acceso carnal violento, tipificado en el artículo 205 del Código Penal colombiano, sanciona con pena de prisión a quien realice cópula con otra persona, empleando para ello violencia, amenaza o cualquier medio que anule o reduzca la voluntad de la víctima. En el caso de Ranoque, dicha conducta se agrava por el hecho de que la víctima es una menor de 14 años y existía una relación de poder derivada del vínculo parental, lo cual permite aplicar el agravante genérico del artículo 58, así como las reglas especiales de agravación del artículo 211.

Adicionalmente, se le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años (artículo 206), que sanciona cualquier acto sexual diverso del acceso carnal en los mismos supuestos etarios, lo que refuerza la gravedad jurídica de los hechos y evidencia la pluralidad de conductas que se ejecutaron durante el periodo de tiempo investigado (2020–2023).

Es importante recordar que, conforme a la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia), los menores de edad son titulares de protección reforzada, y cualquier acción penal en su contra debe asumir este principio como rector, tanto en la fase investigativa como en la etapa de juicio.

Contexto interseccional: infancia, género y etnicidad

El caso adquiere una dimensión adicional cuando se analiza desde la perspectiva de interseccionalidad, es decir, la confluencia de factores de vulnerabilidad que enfrentaba la víctima: niñez, condición femenina, pertenencia a una comunidad indígena y ubicación en zona rural dispersa.

La jurisprudencia constitucional ha insistido en que estos factores no deben ser tratados como meras circunstancias contextuales, sino como elementos jurídicamente relevantes al momento de interpretar y aplicar la ley penal. Así, la Sentencia T-025 de 2004 y otras decisiones han reafirmado que el Estado debe garantizar a las comunidades étnicas el pleno ejercicio de sus derechos, sin que ello implique permitir o tolerar prácticas que violen derechos fundamentales, como la integridad física y sexual de los menores.

En este caso, el lugar de ocurrencia de los hechos —una zona del Amazonas de difícil acceso, culturalmente cerrada y alejada del sistema institucional— incrementa el deber estatal de vigilancia, actuación oportuna y respuesta penal efectiva.

El valor del testimonio: prueba en delitos sexuales sin evidencia física

Uno de los aspectos clave del caso Ranoque fue la valoración probatoria. Como ocurre frecuentemente en delitos sexuales, especialmente en áreas rurales o selváticas, no existía un acervo probatorio forense contundente; sin embargo, el testimonio de la víctima y de su entorno cercano fue considerado coherente, espontáneo y consistente en el tiempo, cumpliendo con los estándares que la Corte Suprema de Justicia ha exigido para su credibilidad.

La prueba testimonial en estos casos es suficiente cuando cumple con tres criterios: verosimilitud, ausencia de móviles espurios y persistencia en la incriminación. Este estándar probatorio ha sido desarrollado con base en el principio de favorabilidad hacia la víctima, sin desconocer el principio de presunción de inocencia.

El rol del Estado en la prevención y la reparación

El proceso también permite examinar las falencias estructurales en los sistemas de protección infantil. Durante más de tres años, la víctima estuvo expuesta a una situación de abuso continuado sin que existieran mecanismos institucionales eficaces para detectar, denunciar o interrumpir la violencia.

Solo a partir del accidente aéreo y el traslado de los menores al sistema de protección del ICBF fue posible activar la ruta penal; este hecho revela un déficit en la presencia estatal en los territorios más alejados y en la articulación entre justicia formal y justicia indígena, cuando esta última no garantiza adecuadamente los derechos de los menores.

Conclusión: el derecho penal como límite a la impunidad estructural

La condena contra Manuel Ranoque es, sin duda, una decisión judicial que marca un precedente en la protección de niñas indígenas víctimas de violencia sexual. No obstante, el caso también refleja los vacíos del sistema de justicia y los desafíos persistentes para garantizar que el derecho penal opere como una herramienta de defensa de los más vulnerables.

Es indispensable fortalecer las rutas institucionales de prevención, detección temprana y judicialización de estos hechos, así como promover una cultura de respeto hacia la niñez indígena y rural, que históricamente ha sido marginada tanto por el Estado como por la sociedad.

Desde DMR Alianza Jurídica, reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las víctimas y con la promoción de un derecho penal que no sea meramente reactivo, sino que sirva como una herramienta ética, pedagógica y transformadora en la construcción de una sociedad más justa y respetuosa de la dignidad humana.