Hablar del sistema penitenciario militar en Colombia es, inevitablemente, enfrentarse a un modelo que prioriza la disciplina institucional por encima del respeto a los derechos fundamentales de quienes alguna vez sirvieron al país en el marco de la Fuerza Pública; lo que en el papel se presenta como una jurisdicción especial con un régimen propio, en la práctica no es más que una estructura carcelaria con las mismas falencias —y en ocasiones más graves— que las del sistema penitenciario ordinario.

 

Uno de los vacíos más preocupantes de este modelo es la ausencia de una clasificación penitenciaria efectiva, ya que, en los centros de reclusión militar conviven, sin distinción alguna, soldados regulares condenados por delitos como deserción o abandono del servicio —muchas veces cometidos en condiciones de agotamiento extremo o abandono institucional— junto a oficiales procesados por crímenes de alta gravedad. Esta indiferenciación no solo desconoce la naturaleza del delito y el grado de culpabilidad, sino que vulnera de forma directa el principio de individualización de la pena y el derecho a una ejecución penitenciaria digna.

 

El tratamiento homogéneo de conductas profundamente disímiles convierte a la prisión militar en un espacio de revictimización y deterioro, especialmente para aquellos miembros de menor rango que, lejos de haber actuado con dolo estructurado, cayeron en falta por factores operativos, psicológicos o incluso médicos; no obstante, pese a ello, el sistema responde con una sanción uniforme, carente de comprensión contextual y marcada por la rigidez institucional.

 

Adicionalmente, las condiciones materiales de muchas de estas prisiones contradicen los mínimos de trato digno establecidos por la normativa nacional e internacional, conforme a ello, se ha documentado la existencia de celdas sin acceso a baños, espacios de reclusión improvisados dentro de instalaciones militares, y ausencia de acompañamiento psicosocial constante. En tales escenarios, la promesa de resocialización se diluye completamente.

 

Aunque existen programas formales de reintegración y comités interinstitucionales, estos no logran compensar la precariedad estructural ni la falta de un enfoque diferencial, de esta forma, se vislumbra que el sistema penitenciario militar continúa reproduciendo lógicas jerárquicas, castigos estandarizados y una idea de disciplina que se impone por encima de la dignidad y los derechos del recluso.

 

Todo lo anterior permite afirmar que la prisión militar en Colombia ha sido concebida como un mecanismo de exclusión más que como un espacio de transformación y, se aparta al infractor sin examinar la causa real del hecho, sin ofrecerle herramientas para su reconstrucción social y sin reconocer que detrás del uniforme existe una persona que, incluso al errar, conserva su derecho a ser tratada con justicia.

 

En ese sentido, el sistema necesita una reforma urgente y estructural, que contemple mecanismos reales de clasificación, condiciones físicas adecuadas, y sobre todo, un modelo de ejecución de la pena que priorice la resocialización por encima del castigo.

En breve, la justicia penal no puede limitarse a encerrar; debe también comprender, reparar y permitir volver a empezar.

 

Referencias

Murillo Vélez, M.P., & García Acosta, C. A. (2023). La prisión militar y la contrariedad a la proporcionalidad de la pena de los militares privados de la libertad. Universidad del Tolima.

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